El Partido Popular debería explicar ante el Tribunal Constitucional (TC) lo que no ha aclarado hasta la fecha en el ámbito político: por qué recurre por inconstitucionales unos artículos del Estatuto catalán que no se diferencian de los de otros estatutos, en especial el de Andalucía, y que, sin embargo, cuentan con su aval político y con sus votos. La petición de esa aclaración ha sido hecha por la Abogacía del Estado, lo que ha bastado a algunos para descalificarla y atribuirle propósitos dilatorios. Pero el hecho de que una mayoría cualificada de magistrados -siete de los 11 habilitados para resolver el recurso del PP contra el Estatuto catalán, tras la recusación de Pérez Tremp- la hayan considerado procesalmente razonable refuerza el valor jurídico de la decisión. Se trata, además, de un pronunciamiento que rompe la supuesta división del TC en dos bloques contrapuestos y prácticamente iguales respecto del Estatuto catalán. El PP no tiene obligación legal de responder, pero resulta del máximo interés para los ciudadanos que lo haga.

Más, en El País.

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